B. POLITICA INDUSTRIAL

Entre 1978 y 1984 las reformas introducidas en el tejido industrial de las ciudades fueron experimentales y limitadas, dándose un importante impulso a partir de 1983. Los principales cambios llevados a cabo hasta la actualidad en el sector industrial han consistido en una descentralización, reforma y reorientación de las empresas públicas y el fomento de la creación y crecimiento de empresas privadas y cooperativas[1]. También se ha fomentado la venta de pequeñas empresas públicas, las fusiones y la creación de grupos, se ha creado un marco legal para la quiebra y se ha promovido el leasing y la transformación de empresas públicas en joint ventures. En cambio, lo que no está fomentando son las privatizaciones.

En primer lugar, se ha dado una descentralización en la formulación y ejecución del plan[2] y se han reformado las empresas públicas[3], que han pasado a ser responsables de sus pérdidas y ganancias, con autonomía de gestión[4]. Para ello, se flexibilizaron, en primer lugar, las relaciones entre las administraciones y sus empresas subordinadas[5] a través de una reducción de los objetivos obligatorios y el paso gradual de métodos de planificación basados en instrucciones a otros basados en simples orientaciones. Al mismo tiempo, se ha concedido a las empresas más poderes en relación con las decisiones de inversión, producción, empleo, salarios, etc[6].

El sistema tradicional de envío de los beneficios de las empresas al gobierno central fue sustituido por otro consistente en el pago de impuestos sobre los beneficios al Estado y en la repartición de los beneficios con la autoridad supervisora[7].

Por otra parte, así como anteriormente toda la producción debía ser entregada al Estado, las reformas permitieron vender, a partir de febrero de 1985, en el mercado la producción que superase los objetivos establecidos por el plan[8], que han sido reducidos progresivamente[9], así como comprar en el mercado los suministros en cantidades por encima de la cuota del plan[10]. A este sistema se le denomina sistema de responsabilidad empresarial y se instrumenta mediante contratos entre el Estado y las empresas, que fijan el envío de beneficios, los porcentajes de retención, los objetivos de inversión, etc., normalmente por períodos de tres años. Ya en 1988 alrededor del 90% de las empresas públicas, que representaban más del 50% de la producción industrial, operaban bajo este sistema y a finales de 1991 muchas habían firmado un segundo contrato.

Esquema I.1.2. Principales políticas industriales

Fuente: Elaboración propia

Para solucionar problemas derivados de la estructura de las empresas públicas, como productos inadecuados, tecnología, organización interna, tamaño de las instalaciones, etc., se están realizando esfuerzos, especialmente a través de la Oficina de Producción, para reorientar estas empresas hacia nuevos productos y mercados. En este sentido, hay una tendencia a forzar a las compañías que no pueden vender sus productos a que limiten su producción y a reducir el apoyo a un gran número de industrias con pérdidas.[11].

Por otra parte, se ha fomentado la creación y crecimiento de las empresas privadas y cooperativas[12], que inicialmente fueron creadas con el solo objetivo de absorber la gran cantidad de gente joven que regresó del campo a las ciudades tras el fin de la Revolución Cultural[13]. En 1984 se permitió la creación de empresas rurales y a partir de ahí los gobiernos locales han jugado un papel muy activo en su creación, actuando frecuentemente como empresarios junto con las familias rurales.

También se ha fomentado la venta de pequeñas empresas públicas y la fusión de las mismas, especialmente de empresas con pérdidas con otras con beneficios, tal como hizo Estados Unidos ante problemas bancarios a gran escala, que fusionó las empresas con problemas con otras mejor gestionadas, atribuyendo a éstas últimas la responsabilidad  respecto a las deudas y los empleados de las primeras.

Asimismo, se ha promovido la creación de grupos empresariales como alternativa a la quiebra e instrumento de transmisión de la propiedad. Sin embargo, todavía no existe un  marco legal suficientemente concreto, principalmente en lo que respecta a los derechos de la propiedad. El gobierno ha empezado por formar cien grupos de empresas a nivel nacional a partir de grandes empresas públicas centrales y locales.

Por otra parte, en 1987 se aprobó la Ley de Quiebra, aunque este mecanismo sólo es utilizado como último recurso. Como los Estados Unidos con sus bancos, China ha descartado hasta el presente la  quiebra generalizada de las empresas como solución. Sólo alrededor de unas trescientas empresas han sido forzadas a la quiebra, aunque la Oficina de Economía y Comercio tiene la misión de declarar la quiebra de varios millares más de empresas.

Otras medidas han consistido en el fomento del leasing y de la transformación de empresas públicas en joint ventures[14].

Sin embargo, aunque recientemente se han privatizado algunas empresas públicas[15] y el gobierno chino apoya el desarrollo de la economía privada, no está fomentando la privatización[16], siendo ésta muy limitada[17]. El gobierno está siendo muy prudente en este sentido por varias razones:

– Privatizar antes de finalizar la reforma de los precios puede llevar a algunas firmas a la quiebra, debido no a su ineficacia, sino al hecho de que los precios de sus productos sean fijados por debajo del nivel de mercado.

– La privatización prematura puede privar de ingresos a los jubilados, ya que sus pensiones son pagadas por las empresas. Asimismo, puede suponer la eliminación de los derechos a prestaciones sociales de los trabajadores, como vivienda, pensiones de jubilación, asistencia sanitaria o educación, pudiendo encontrarse de repente sin hogar y desprovistos de las mencionadas prestaciones como resultado de una privatización.

– Un programa nacional de privatización eficiente requiere analistas de bolsa para calcular el valor de las compañías, así como mediadores para realizar estas transacciones.

Por ello, China ha seguido la política de retrasar la privatización hasta que haya liberalizado los precios de una forma satisfactoria, introducido un sistema nacional de pensiones, creado programas alternativos de educación y medicina, realizado reformas bancarias y creado mercados financieros[18].

Todo apunta a que China venderá probablemente una parte considerable del sector público cuando la bolsa china estará preparada para dirigir el proceso, siguiendo la misma línea que otros países asiáticos. En toda Asia, una lógica y evolución similar han conducido primero a una competencia entre las empresas públicas; posteriormente, a la privatización del 49% del capital de las mismas, conservando el gobierno la mayoría de la propiedad; y finalmente a la privatización de una porción mayor, ya que el gobierno puede mantener el control[19] con una participación minoritaria. China se encontrará con presiones sociales y económicas para que siga a sus vecinos asiáticos y los jóvenes líderes chinos son conscientes de ello.

De hecho, prácticamente todos los líderes chinos jóvenes (los que están en sus 50 años) creen que China podría eventualmente privatizar todas las medianas y pequeñas industrias[20]. Hay desacuerdos considerables sobre cuán rápido y cuán lejos debería llegar este proceso, pero de entre los líderes hay pocas diferencias en cuanto a la dirección básica. El planteamiento asiático de privatización genera muchos más apoyos políticos que el acercamiento del “big bang” en Europa del Este, ya que crea competencia y eficiencia, y moviliza el capital nacional y extranjero, dando tiempo a las firmas nacionales para adaptarse y ser competitivas y evitando vender el patrimonio nacional a precios de saldo.

En resumen, la reforma industrial china ha consistido básicamente en la mercantilización de las empresas públicas frente a la privatización de otros países[21], desarrollando los diversos factores económicos aunque tomando la propiedad pública como cuerpo principal[22] y la promoción del desarrollo del sector privado[23].

En los próximos años se mantendrá el sector público de la economía como el sector dominante[24]. Sin embargo, se cambiará el modelo de crecimiento económico para elevar la eficiencia económica. Para ello, se proseguirá con la reforma de las empresas públicas[25], lo que constituirá el centro de la reforma de la estructura económica. No obstante, en opinión de algunos analistas no tendrán lugar reformas radicales de las empresas públicas a corto plazo, por miedo de los líderes comunistas a perder el control tras la muerte de Deng[26]. En concreto, se esperan las siguientes reformas:

– Mayor separación entre la Administración y las empresas[27].

– Asignación de fondos para fomentar la adquisición de empresas[28].

– Mejor definición del marco legal de la propiedad[29].

– Conversión en capital del Estado de las deudas derivadas de parte de los créditos bancarios concedidos en sustitución de simples subvenciones públicas, para disminuir el pasivo de las empresas.

– Fomento de industrias intensivas en mano de obra.

– Limitación de la construcción de nuevos proyectos y mejora de la capacidad productiva de las industrias existentes, mediante su reforma, reorganización, transformación o ampliación[30].

– Fomento de las empresas locales y colectivas[31].

 

[1] WHITE, G., Riding the tiger. The politics of economic reform in post-Mao China, Stanford University Press, Stanford, 1993, p. 55.

[2] THE WORLD BANK, China: reform and the role of the plan in the 1990s, The World Bank, Whashington, 1992, p. 46.

[3] AMSDEN, A.H., DONGYI LIU y XIAOMING ZHANG, China’s macroeconomy, environment and altrnative transition model, World Development, ol. 24, nº 2, p. 276.

 

[4] PAYA, J., Estrategias de negocios en China, Madrid, 1996, p.

[5] LANQING, L., Reforma económica y apertura exterior de China, Beijing Informa, Pekín, 9 enero, 1996, p. 19.

[6] THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, Country profile, China Mongolia, 1995-96, London, 1996, p. 15.

[7] WHITE, G., Riding the tiger. The politics of economic reform in post-Mao China, Stanford University Press, Stanford, 1993, p. 55.

[8] LIEW, L.H., Gradualin China’s economic reform and the role for a strong central state, Journal of Economic Issues Vol. XXIX, nº 3, september 1995,  p. 884.

 

[9] WALDER, A.G., Evolving property rights and their political consequences, China’s quiet revolution, new interactions between state and society, Longman Cheshire, New York, 1994, p. 9.

[10] LIEW, L.H., Gradualin China’s economic reform and the role for a strong central state, Journal of Economic Issues Vol. XXIX, nº 3, september 1995,  p. 884.

 

[11] OVERHOLT, William H., China, the next economic superpower, Weidenfeld & Nicolson, London, 1993, p. 31.

[12] WHITE, G., Riding the tiger. The politics of economic reform in post-Mao China, Stanford University Press, Stanford, 1993, p. 55.

[13] LIEW, L.H., Gradualin China’s economic reform and the role for a strong central state, Journal of Economic Issues Vol. XXIX, nº 3, september 1995,  p. 884.

[14] THE WORLD BANK, China: reform and the role of the plan in the 1990s, The World Bank, Whashington, 1992, p. 46.

[15] ROELL, S., Breaking the taboo, Euromoney, Feb 1996, p. 80.

[16] LANQING, L., Reforma económica y apertura exterior de China, Beijing Informa, Pekín, 9 enero, 1996, p. 19.

[17] LIEW, L.H., Gradualin China’s economic reform and the role for a strong central state, Journal of Economic Issues Vol. XXIX, nº 3, september 1995, p. 891.

 

[18] OVERHOLT, William H., China, the next economic superpower, Weidenfeld & Nicolson, London, 1993, p. 14.

[19] Corea del Sur ha conseguido incluso conservar el control de dirección de sus bancos comerciales al vender el cien por cien al público, frangmentando la participación accionaria individual bajo un límite de un 1% por accionista, y manteniendo el control sobre el Consejo de Administración, a través del cual controla las políticas y el personal directivo.

 

[20] OVERHOLT, William H., China, the next economic superpower, Weidenfeld & Nicolson, London, 1993, p. 32.

[21] THE WORLD BANK, China: reform and the role of the plan in the 1990s, The World Bank, Whashington, 1992, p. 46.

[22] LANQING, L., Reforma económica y apertura exterior de China, Beijing Informa, Pekín, 9 enero, 1996, p. 19.

[23] AMSDEN, A.H., DONGYI LIU y XIAOMING ZHANG, China’s macroeconomy, environment and altrnative transition model, World Development, ol. 24, nº 2, p. 276.

 

[24] PROPUESTA DEL CCPCCH SOBRE LA FORMULACION DEL IX PLAN QUINQUENAL (1996-2000) PARA EL DESARROLLO NACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL Y LAS METAS A LARGO PLAZO PARA EL AÑO 2010, Beijing Informa, Pekín, 14 de noviembre de 1995, p. 17.

[25] NACIONES UNIDAS, Estudio económico y social mundial 1996, Naciones Unidas, Nueva York, p. 47.

 

[26] BARNATHAN, J., A chill wind blows from Beijing,  Business Week, 3458, 15 enero 1996, p. 44.

[27] LANQING, L., Reforma económica y apertura exterior de China, Beijing Informa, Pekín, 9 enero, 1996, p. 17.

[28] LI PENG, Informe sobre el esquema del IX Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social y de las metas a largo plazo para el año 2010, Beijing Informa, Pekín, 14 de noviembre de 1995, XI.

[29] LANQING, L., Reforma económica y apertura exterior de China, Beijing Informa, Pekín, 9 enero, 1996, p. 17.

[30] LI PENG, Informe sobre el esquema del IX Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social y de las metas a largo plazo para el año 2010, Beijing Informa, Pekín, 14 de noviembre de 1995, XI.

[31] PROPUESTA DEL CCPCCH SOBRE LA FORMULACION DEL IX PLAN QUINQUENAL (1996-2000) PARA EL DESARROLLO NACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL Y LAS METAS A LARGO PLAZO PARA EL AÑO 2010, Beijing Informa, Pekín, 14 de noviembre de 1995, p. 18.

 

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